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Jueves, 18 de abril del 2019

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Fiscalidad verde o ecofiscalidad para luchar contra el cambio climático

La ecofiscalidad busca la protección del medio ambiente y una mayor justicia social en su objetivo de avanzar hacia la transición ecológica a través de una reforma del sistema fiscal

El cambio climático supone una preocupación para el 87% de los españoles.

El cambio climático supone una preocupación para el 87% de los españoles. // Pixabay

Sostenibles

FISCALIDAD AMBIENTAL

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Nora Benito

El calentamiento global es una realidad que nos acecha, pero el quid de la cuestión no es tanto si existe o no, sino cómo abordar sus efectos. Según una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), elaborada en colaboración con la empresa YouGov, el cambio climático supone una preocupación para el 87% de los españoles. Por ello, las principales organizaciones ecologistas de nuestro país se han unido para proponer una serie de medidas fiscales verdes que ayuden a luchar contra el cambio climático.

¿Y en qué consiste la ecofiscalidad o fiscalidad verde? Es aquella que propone una serie de cambios en aras de cuidar del medio ambiente y favorecer comportamientos sostenibles, al mismo tiempo que propugna que quienes tengan mayor impacto en el medio ambiente sean también quienes más contribuyan a las arcas.

Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han instado al Gobierno a realizar una reforma fiscal que integre criterios ambientales. A través del documento ‘Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible’, estas organizaciones ecologistas de España han lanzado un total de 30 propuestas o medidas de fiscalidad verde para llevar a cabo una transición ecológica.

El fin de esta propuesta conjunta es que la fiscalidad en España se acerque a la de los países europeos y se reoriente para promover la justicia social y proteger el medio ambiente.

Este documento, que se ampara bajo el paraguas de la justicia social, es decir, medidas que ayuden a reducir los desequilibrios sociales, busca una reforma fiscal que incluya una serie de medidas para incentivar las buenas prácticas y desincentivar las perjudiciales para el medio ambiente. La propuesta incluye reformas de impuestos que ya existen y la instauración de nuevos, así como el perfeccionamiento de la regulación sobre haciendas locales.  

REFORMAS DE LOS IMPUESTOS Y NUEVAS PROPUESTAS

Entre las reformas de los impuestos ya existentes se encuentran la del IRPF, el IVA o el Impuesto sobre Sociedades, el IBI o la tasa de residuos; las tasas sobre los hidrocarburos o desalentar la producción de energía nuclear.

Entre las propuestas también se encuentra la creación de 13 nuevos impuestos ambientales que estimulen o castiguen distintas actividades de gobiernos, empresas o personas.

Dichos impuestos son relativos a los vertidos -incentivar iniciativas que reduzcan los residuos-, las sustancias peligrosas -que grave aquellas que sean dañinas para la salud-, la ganadería intensiva -que grave el efecto de sus emisiones-, la incineración de residuos, la caza, sobre el consumo de plaguicidas -que grave la producción de estas sustancias-, el esquí alpino -que grave el daño que hace desde el punto de vista ambiental-, la extracción de agua en acuíferos -para el consumo de agua embotellada- y  la pernoctación -que grave por el impacto que el turismo tiene en el medio ambiente-. También proponen establecer nuevos impuestos sobre envases no reutilizables, suelo rural, actividades mineras y sobre el carbono.

Tal y como indican estas organizaciones en su propuesta, “la finalidad no es tanto recaudar como cambiar las conductas que inciden negativamente sobre el medio ambiente”.

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