Así es como los paraísos fiscales favorecen la competencia desleal

La existencia de territorios con mejores condiciones fiscales para las empresas fomentan la deslocalización y la competencia desleal entre los propios países

La existencia de territorios con mejores condiciones fiscales para las empresas fomentan la deslocalización y la competencia desleal

La existencia de territorios con mejores condiciones fiscales para las empresas fomentan la deslocalización y la competencia desleal // Pixabay

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FISCALIDAD

Fran Leal

Fran Leal

A finales de 2019, el periodista británico Oliver Bullough presentaba en España su último libro ‘Moneyland’ (Principal de los Libros), con el que sacaba a la palestra nuevamente un tema que no suele ocupar la primera plana de los informativos pero que, en la oscuridad, continúa funcionando y causando estragos. La existencia de los paraísos fiscales y el daño que sufren las naciones cuando, solo unos pocos, juegan en un tablero paralelo al del resto de los mortales para saquear y esconder su fortuna, lejos de las reglas fiscales que rigen cada Estado.

En su obra, Bullough hace un exhaustivo (y descorazonador) repaso por los ejemplos más escandalosos que están íntimamente ligados, incluso, con la quiebra de países enteros. Y su intención es bien clara: conocer “por qué los ladrones y los tramposos controlan el mundo y cómo arrebatárselo”.

¿Es un problema real?

A la hora de analizar la cuestión, Daniel Vaccaro, fiscalista y profesor de EAE Business School, hace hincapié en primer lugar en que no existe una lista única y clara sobre qué territorios son paraísos fiscales. Por ejemplo, países como Luxemburgo o Irlanda no lo son para la UE, mientras que para otros organismos internacionales sí lo son. Además, en su opinión, hay que saber diferenciar entre quienes los utilizan para blanquear capitales procedentes de actividades ilegales o criminales, de quienes los emplean como “pistas de aterrizaje de los beneficios empresariales; no tiene nada que ver lo uno con lo otro”, asegura.

Y es que, quizás, y solo quizás, puede parecer que los paraísos fiscales son exclusivamente islas o rincones muy alejados donde los ladrones o malhechores esconden su riqueza, pero en realidad es un concepto mucho más amplio y que implica a países mucho más cercanos de lo que nos imaginamos. “Cuando pensamos en el concepto tradicional de paraíso fiscal, nos vienen a la cabeza países donde se pagan pocos impuestos (o ninguno)”, nos cuenta Carmen Cámara, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la UDIMA. “Evidentemente, estos países, entre los que podemos destacar entre otros a Trinidad y Tobago o Fiyi, suponen una amenaza en términos de pérdida recaudatoria, pero también existen otros países (como Holanda, Luxemburgo o Irlanda) que, aunque no puedan considerarse como paraísos fiscales, de una forma u otra ofrecen regímenes preferenciales o tipos de gravamen reducidos que suponen, en muchos casos, la deslocalización de empresas hacia esos territorios”, expone. De hecho, actualmente, según recuerda Cámara, organismos internacionales como la OCDE o la propia Unión Europea (UE) ya incluyen factores de transparencia a la hora de calificar a un país como paraíso fiscal, como “la ausencia de intercambio de información o el secreto bancario”.

Impacto en la economía

Estas condiciones, de “secreto bancario y una nula o escasa fiscalidad”, convierte a estos países “en un destino ideal para aquellos que poseen fondos o capitales que quieren tener fuera del control de Hacienda”, afirma Benja Anglès, profesor de los Estudios de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Y en el entorno actual, el peso que ostentan las multinacionales es muy importante, “en un mundo globalizado y con libertad de movimientos financieros”, resalta por su parte Octavi Serra, profesor del Departamento de Economía de la Universitat de Girona. En su opinión, “toda multinacional sitúa sus sedes en países con fiscalidad favorable, ya sea paraíso fiscal o no”; eso sí, “ponderando siempre la seguridad jurídica”. Además, resalta que esta decisión por parte de las empresas no solo se basa en la inseguridad jurídica y las tasas impositivas, sino que también lo hace en “las malas expectativas de la economía, la inseguridad política, los riesgos de tipo de cambio o la inflación”.

Obviamente, estas prácticas tienen un claro impacto en las economías nacionales. Según apunta Cámara, “existen numerosas filiales de empresas europeas (y, en particular, españolas) ubicadas en paraísos fiscales, en el término amplio de la palabra”, lo que termina por producir una incuestionable “erosión de las bases imponibles y una deslocalización de beneficios hacia países de nula o baja tributación”. Y es que, mientras que por un lado “evitan las acciones y requerimientos de la Agencia Tributaria y de los tribunales”, al ser imposible solicitar la información sobre los fondos, por otro, “se ahorran los impuestos que tendrían que pagar si declarasen o tuvieran dichos fondos en España”, asevera Anglès en referencia al caso de nuestro país.

De esta manera, estas multinacionales hacen un flaco favor al sostenimiento de las arcas públicas, lo cual, como apunta Anglès, “además de ser insolidario y perjudicar al conjunto de la sociedad, en el caso de las empresas genera competencia desleal, al soportar menos costes que el resto de las compañías del sector que sí cumplen con sus obligaciones tributarias”. “Digamos que los paraísos fiscales realizan competencia desleal”, afirma en la misma dirección Serra.

Trabajar y unificar criterios

Lógicamente, todo haría indicar que las Administraciones y organismos internacionales están trabajando para terminar con esta práctica pero, ¿se está haciendo todo lo posible al respecto? En opinión de Cámara, es verdad que se intenta luchar contra los paraísos fiscales, “tanto desde las diferentes instancias internacionales, como a nivel interno”, pero lo cierto es que el camino se plantea muy largo, “pues la lista de paraísos fiscales española, contenida en el Real Decreto 1080/1991, requiere una actualización para adaptarse a la realidad del entorno actual”.

Anglès, en este combate, une a esta vía legislativa, otra administrativa que incluiría“comprobaciones e inspecciones de la Agencia Tributaria, así como la vía jurisdiccional, a través de los procesos judiciales contra las actividades ilícitas de fraude fiscal y blanqueo de capitales”. Además, defiende la posibilidad de incentivar la repatriación de los fondos, “mediante amnistías fiscales que permitan declarar voluntariamente los capitales evadidos en su día con la promesa de un castigo menor, pero con el aliciente que empezarán a tributar plenamente en años sucesivos”. Sin duda, una medida polémica (y en España lo conocemos bien), pero que Anglès considera plausible.

Vaccaro, en cambio, apunta más hacia la necesidad de unificar los criterios, “porque algunos países quieren tomar medidas, pero otros están cómodos con el statu quo”. Por ello, y en definitiva, lo que hace falta es “valentía política” y la voluntad de “hacer cumplir las reglas”, con unas sanciones que sean efectivas. “Se ha avanzado bastante, pero aún queda mucho por hacer”, concluye Vaccaro recordando que, para empezar, “España todavía tiene que trasponer la Directiva europea de blanqueo de capitales”.

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